El Parlamento de Israel aprobó el 30 de marzo de 2026 una ley que establece la pena de muerte por horca como castigo por defecto para palestinos de Cisjordania condenados por ataques mortales clasificados como terrorismo en tribunales militares. La iniciativa fue impulsada por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, y respaldada por el primer ministro Benjamin Netanyahu, generando fuertes críticas de organismos internacionales y gobiernos europeos.
La ley fue aprobada en la Knesset con 62 votos a favor y 48 en contra, y entrará en vigor en un plazo de 30 días, aunque podría enfrentar impugnaciones ante la Corte Suprema israelí. La normativa revive en la práctica la pena capital en Israel, que no se aplicaba desde 1962, salvo en casos excepcionales relacionados con crímenes nazis.
Uno de los puntos más controvertidos de la ley es que no se aplicará de forma obligatoria a ciudadanos israelíes, quienes en casos similares pueden recibir cadena perpetua, lo que ha generado acusaciones de discriminación legal.
Condena de la ONU y organismos internacionales
La aprobación de la ley provocó una rápida reacción de organismos internacionales. La Organización de las Naciones Unidas calificó la medida como “particularmente cruel y discriminatoria”, señalando que podría violar el derecho internacional y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió que la ley vulnera el derecho a la vida y cuestionó la falta de discreción judicial en la aplicación automática de la pena capital.
Desde la ONU también se señaló que la pena de muerte aplicada bajo criterios diferenciados según nacionalidad o sistema judicial podría constituir una violación de estándares internacionales de derechos humanos.
Preocupación en Europa
La reacción también fue fuerte en Europa. El Consejo de Europa expresó su “profunda preocupación” por la aprobación de la ley, calificándola como una “grave regresión” en materia de derechos humanos y dignidad humana.
La Unión Europea, a través de su política exterior, calificó la medida como discriminatoria y como un retroceso respecto a la moratoria histórica que Israel mantenía sobre la pena de muerte. Además, varios ministros de Relaciones Exteriores de Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Australia emitieron un comunicado conjunto instando a Israel a reconsiderar la legislación y advirtiendo que la medida podría afectar los principios democráticos y el derecho internacional.
Un nuevo foco de tensión internacional
Analistas internacionales señalan que la aprobación de esta ley podría aumentar la tensión en Cisjordania y en toda la región de Medio Oriente, además de generar nuevas críticas contra el gobierno israelí en organismos multilaterales.
La ley se enmarca en un contexto de creciente violencia en la región y de una política de seguridad más dura impulsada por sectores del gobierno israelí, lo que podría complicar aún más las relaciones diplomáticas con Europa, la ONU y organizaciones de derechos humanos.
La eventual aplicación de la pena de muerte a palestinos condenados por terrorismo podría transformarse en uno de los temas más polémicos en la política internacional durante los próximos meses, especialmente si la normativa supera los recursos judiciales pendientes y entra plenamente en vigor.
Fuentes: Emol, DW, ONU, El País, Al Jazeera, Anadolu Agency
