En el corazón de la Zona Franca de Iquique (ZOFRI), el movimiento cotidiano de más de 4.000 contenedores de ropa usada al año representa mucho más que cifras comerciales: es el sustento directo de 2.500 familias de la Región de Tarapacá. Detrás de ese volumen de carga —que mueve unos US$ 75 millones anuales— hay una realidad social apremiante: ocho de cada diez puestos de trabajo en este rubro son ocupados por mujeres.
Hoy, ese motor laboral se encuentra en una encrucijada regulatoria de cara al 30 de noviembre, fecha límite para que Chile defina su postura ante el Convenio de Basilea. La Asociación de Usuarios e Importadores Textiles de la Zona Franca de Iquique (AUIT) encendió las alarmas ante la posibilidad de que se prohíba la selección de prendas en suelo nacional, obligando a realizar este proceso en los países de origen.
Para el gremio, mover la clasificación fuera del país asestaría un golpe devastador al mercado laboral femenino local, caracterizado por una fuerza de trabajo de baja calificación que difícilmente encontrará una reconversión rápida en la zona.
La voz de los importadores
Pedro Vásquez Neira, abogado y vocero de la AUIT —entidad creada en junio de 2026 y que agrupa el 70% del negocio nacional del rubro—, cuestiona severamente las premisas sobre las que se ha planteado la restricción.
«El dato de que el 70% de la ropa usada que ingresa a Chile termina en vertederos ilegales no tiene una base fáctica que permita sostener una política pública de esta magnitud. La administración anterior eligió la opción más restrictiva habiendo otras alternativas que protegían el empleo y el medio ambiente, no considerando las consecuencias sociales y económicas de la medida y omitiendo la inversión en una planta de reciclaje textil en la región.»
— Pedro Vásquez Neira, vocero de la AUIT.
El abogado enfatiza que la selección regional es el engranaje que sostiene la formalidad laboral de cientos de jefas de hogar:
«Si se termina la selección en Tarapacá, se elimina una fuente de empleo formal que difícilmente podrá ser reemplazada en la región. Le pedimos al Estado que proteja el empleo y el medio ambiente. Podemos hacer ambas cosas a la vez.»
— Pedro Vásquez Neira, vocero de la AUIT.
Hacia una industria circular sin destruir el empleo
Frente al dilema ambiental y social, la propuesta del gremio busca evitar la erradicación del sector apostando por la trazabilidad y la economía circular. Como muestra de este compromiso, una de las empresas asociadas ejecuta actualmente la construcción de una planta de reciclaje textil en Alto Hospicio. La iniciativa contempla una inversión cercana a los US$ 8 millones y proyecta una capacidad de procesamiento de hasta 20 toneladas diarias de desechos textiles en jornadas de 8 horas.
Con la mira puesta en la decisión del 30 de noviembre, Vásquez recuerda que el actual gobierno tiene la oportunidad de rectificar el rumbo, puesto que la postura restrictiva fue adoptada por la administración previa. La clave estará en si la regulación internacional se transforma en el fin de un oficio femenino clave para el norte o en la oportunidad para consolidar la sostenibilidad de la industria en la región.